A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta.

Se causa la controversia entre Despachos por demanda de reparación directa instaurada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, en contra de la Gobernación del Meta, Secretaría Departamental de Salud del Meta, con el fin de que se declare administrativamente responsable a la demandada por los daños antijurídicos y perjuicios materiales e inmateriales que sufrió la demandante, en virtud del presunto incumplimiento en los pagos por concepto de recobros frente a la prestación de las tecnologías y servicios de salud no reconocidos ni pagados y se proceda a su pago, en valores y otros conceptos relacionados en escrito de demanda.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena precisa que el caso objeto de estudio no se trata de una demanda ejecutiva laboral, así como tampoco pretende un recobro a la ADRES.

En este sentido, considera pertinente mencionar el precedente del Auto 546 de 2023 y en reiteración de lo allí previsto, resuelve con la regla según la cual, el conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades públicas, mediante demanda de reparación directa o declarativa, de índole ordinario, por el no pago de unos servicios que ya se prestaron, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una IPS la responsabilidad extracontractual de entidades públicas.

Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social.

En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente en torno a la financiación de unos servicios que ya se prestaron, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.

La Corte dispone el envío del expediente al Tribunal Administrativo del Meta para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio.